Gestión Ambiental | LEGISLACION Y DERECHO AMBIENTAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Posted by mcusmai in gestión ambiental, sociedad

LEGISLACION Y DERECHO AMBIENTAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

La determinación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino requiere la identificación de normas ambientales dentro del vasto marco jurídico del derecho argentino. Además de las normas específicas de la materia, en otros plexos normativos se hallan normas de contenido ambiental. En materia eléctrica existen numerosas normas ambientales obligatorias para los integrantes del mercado eléctrico, que se halla dividido en generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Resulta de importancia señalar la operatividad del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional (CN), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en las materias de fondo, y las facultades legislativas federales específicas atribuidas al Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Artículo 31 establece que la CN, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. La Nación no puede establecer un régimen ambiental completo, sino que debe limitarse al establecimiento de mínimos ambientales que las provincias complementarán de acuerdo a las necesidades, requerimientos en la materia.

Existe acuerdo prácticamente unánime sobre la naturaleza limitada de las normas de presupuestos mínimos. Se ha dicho que las normas que dicte la Nación son un piso y las provincias quedan habilitadas a colocar un techo más alto para complementarlos y que las provincias se encuentran habilitadas para complementar y extender el resguardo ambiental

Las leyes de presupuestos mínimos podrán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, pero la aplicación de tal reglamentación se verá restringida al ámbito de la jurisdicción federal exclusivamente. Por su parte, las provincias que se han reservado la facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las complementarán y reglamentarán en su territorio.

Es el Congreso de la Nación quien legisla en materia de calidad ambiental no siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y son las legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias.

Marco Supranacional

Todos estos principios y compromisos internacionales requieren que sean incorporados de alguna manera a la legislación de cada país. Como consecuencia de los tratados internacionales y con la necesidad de proteger el medio ambiente y solucionar problemas ambientales específicos, surgió un nuevo derecho que “norma la creación, modificación, transformación y extinción de las relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente”: el Derecho Ambiental.

El sistema jurídico de nuestro país está compuesto por la Constitución Nacional,las leyes nacionales, los tratados internacionales, las leyes provinciales y las reglamentaciones municipales y comunales. En la última reforma de la Constitución Nacional (1994) se incorporaron dos artículos que regulan y protegen el medio ambiente. El artículo 41 reconoce el derecho de todo habitante de la nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Los conceptos y las ideas que estaban implícitas en la Constitución de 1853 ahora se incorporan en forma expresa. El artículo 43 establece la figura del Amparo que antes estaba plasmada pero no reconocida a nivel constitucional. La primera parte del artículo hace referencia al Amparo Individual (protege los derechos
individuales reconocidos por la Constitución Nacional, tratados o leyes) y la segunda, al Amparo Colectivo (protege los derechos de incidencia colectiva entre los que se encuentran los derechos que protegen el medio ambiente).

El marco legal Argentino en materia ambiental apoya las tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la “Cumbre de Río” en 1992 y reiterado en convenios a los que ha  adherido el país, entre los que se destacan[1]

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo: Establecer una alianza mundial equitativa, con nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental. (Ley Nro: 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscripto en Asunción. Sancionada el 26/11/2003. Publicada en el Boletín Oficial del 15/01/2004).

             Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático: Estabilización de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero –GEI- en la atmósfera, para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, permitiendo el desarrollo económico sostenible (ley nacional 24.295).

·            Protocolo de Kyoto: Estabilizar los GEI y fijar obligaciones de reducción de emisiones para los países desarrollados.  El protocolo contempla “Mecanismos de desarrollo limpio” MDL, para que los países en vías de desarrollo ayuden a reducir el STOCK  atmosférico del los GEI a los niveles establecidos por el Protocolo (ley nacional 25.438).

·            Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligros y su eliminación: La Ley nacional 23.992 es la aprobación convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

·       Convenio de Basilea: Ley 26.664 Aprueba la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscripta en Ginebra, Confederación Suiza. Enmienda al Convenio de Basilea , adoptada a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra el 22 de septiembre de 1995.Donde se inserta  un nuevo párrafo 7 bis del preámbulo: “Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y eficiente de los desechos peligrosos que se preceptúa en el Convenio.”

·       Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono:   Evitar impactos potencialmente nocivos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente. (Ley nacional 23.724).

·       Protocolo de Montreal: Leyes nacionales 23.778 y 24.040 Control de fabricación y comercialización de sustancias agotadores de la capa de Ozono.

·       Convenio de Estocolmo de contaminantes orgánicos persistentes:  Cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COPs, con medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y uso (ley nacional 26.011).

Normatividad Nacional Ambiental

      a) Constitución Argentina:

· Artículo 41:

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos y de los radioactivos.

· Artículo 43:

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

· Artículo 124:

Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

       b)Codigo Penal

Artículo 200:

Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

A su vez la Ley 24.051 establece en sus artículos 55 y siguientes que se aplicarán las penas previstas en el Art. 200 del Código Penal al que “utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Esta pena se agrava si el hecho es seguido de muerte de alguna persona, y es sensiblemente menor si el hecho es causado por imprudencia o negligencia.

          c)Código Civil

· Artículo 1. 113:

La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.

La Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del mencionado artículo y dispone que el dueño o guardián de los residuos es responsable por los daños causados por los mismos. Esto, aún cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de responsabilidad por demostrarla culpa de un tercero de quien no debe responder. (Principio de: Responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa interpretado en extremo).

         d) Leyes de presupuestos mínimos

Dada la trascendencia que poseen en nuestro marco normativo ambiental efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos mínimos sancionadas por el Congreso de la Nación, todo ello con un resumen en cada caso de las notas salientes del articulado.

Ley General del Ambiente – Ley 25.675

Fue  promulgada el 27 de noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son los siguientes:

– Gestión sustentable y ordenada del ambiente.

– Preservación y protección de la diversidad biológica.

– Implementación del desarrollo sustentable. Establece objetivos y principios de política ambiental, determina los instrumentos de gestión ambiental, las instituciones de gestión ínterjurisdiccional y la competencia judicial ambiental. El Gobierno Nacional debe interactuar con los Gobiernos provinciales y éstos con los municipios.

La interpretación y aplicación de la ley se basa en el denominado “Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental”, entendiendo por tal a la obligación o derecho exigible, en todo el territorio de nacional, por su contenido imprescindible, común y necesario para la íntegra protección ambiental y del desarrollo sustentable. En atención a lo expuesto se establecen los principios de: Congruencia (coordinación entre la legislación nacional y provincial), Precautorio (se debe actuar en forma anticipada, aún cuando no exista certeza científica de la degradación del medio ambiente), Prevención (asegurar que las actividades realizadas no causen un daño al medio ambiente), Equidad intergeneracional (sustentabilidad), Progresividad (los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plazo razonable de cumplimiento), Responsabilidad (dicha obligación se hace extensiva desde evitar el daño hasta recomponer lo inevitable.

 

Fuente: https://contaminacionatmosfericajujuy.wordpress.co

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